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Recorrido Histórico: Justicia Social para la población trans




En las últimas dos décadas, Argentina ha marcado hitos significativos en materia de derechos humanos, especialmente enfocados en la diversidad y la lucha contra la violencia de género. Fuimos las personas trans quienes encabezamos esas luchas y se hace necesario conocerlas para defender y ejercer nuestros derechos.


Nuestro país ha experimentado, en los últimos 20 años, una transformación sin precedentes en su marco legal y político, orientada hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Entre los logros más notables se encuentra la Ley de Identidad de Género, un hito que ha impactado de manera directa en la realidad de las personas trans en el país. No hace tanto que nuestras madres trans eran encarceladas por animarse a ser ellas mismas o ninguneadas por no tener un documento con su nombre. 


El establecimiento del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal consolidaron el compromiso de las organizaciones sociales con la igualdad y la reparación social. Pero hoy en día, con un ministerio reducido a subsecretaría y la amenaza constante a la derogación de leyes cruciales para nuestra existencia no podemos obviar que todavía falta mucho para que las personas travestis, trans y no binaries estemos en igualdad de derechos.


La Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, fue un catalizador crucial para la justicia social en Argentina. A través de esta legislación, el Estado reconoció y validó la identidad de las personas trans, permitiéndonos rectificar la partida de nacimiento y DNI. Este acto de reconocimiento no solo fue un símbolo de la lucha travesti-trans, sino que también actuó como un agente reparador frente a décadas de vulneración de derechos.


La más reciente Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal, conocida como la Ley del Cupo Laboral Trans, representa otro avance significativo. Al establecer que un 1% de los cargos del Sector Público Nacional deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, esta legislación no solo busca la inclusión laboral, sino que también aborda de manera directa la necesidad de generar oportunidades para quienes siempre estuvimos por fuera de los margenes sociales.


El reconocimiento de otras identidades, como intentó ser el DNI X o la incorporación del término “personas gestantes” en la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, denotaron el alcance de la resistencia social y un nuevo hito en las luchas sociales en que, a diferencia de otros países, la población travesti-trans y no binarie se planta en las luchas feministas rechazando la avanzada de oleadas excluyentes de derecha.


No obstante, a pesar de estos avances, no podemos ignorar los desafíos persistentes. Factores sociales, económicos, geográficos y culturales dificultan la implementación plena de estas leyes a nivel regional y nacional. Estas leyes, aunque prometedoras, enfrentan un proceso lento que requerirá tiempo y esfuerzo para integrar plenamente a la población trans en los circuitos formales y sociales. 


Entender la relación de les individues trans con la sociedad es fundamental para llegar a la igualdad proporcional, teniendo en cuenta las diferencias que generan situaciones de desventaja para la población e impiden la justicia distributiva que corresponde como reparación histórica por los ultrajes y violencia vividos desde tiempos inmemoriales. 


Para maximizar el impacto de estas leyes y avanzar hacia una verdadera justicia social, es esencial fomentar la colaboración entre diversos actores sociales y organizaciones. La creación de espacios inclusivos, promovida tanto por entidades públicas como privadas, se presenta como un elemento clave para impulsar los derechos trans y garantizar que estas leyes no sean solo un acto reparatorio, sino también un catalizador para una vida plena y equitativa. 


Argentina ha dado pasos significativos, pero la construcción de una sociedad justa y equitativa para la población Travesti, Trans y No binarie requiere un compromiso continuo y la colaboración de todos los sectores de la sociedad.


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